Publicado en Mundo Obrero
Comenzaba Daniel Bernabé uno de sus últimos artículos que "un país no puede estar discutiendo permanentemente sobre quién es, pero tampoco construirse en contra de las partes que lo componen". Tiene razón, pero discutir quiénes somos y cómo nos organizamos parece ser algo que nos apasiona y enerva a partes iguales. España es un concepto líquido, cambia según el espacio, el tiempo y, sobre todo, la posición que se ocupa en el espectro político.
Partimos de dos evidencias fácilmente asumibles: que el modelo territorial del Estado no está cerrado y que, salvo para los más fervientes defensores de la España en blanco y negro del NODO, vivimos en un país social, cultural y lingüísticamente diverso. Ambas evidencias son piezas de un puzzle que buscan encajar sin terminar de cuadrar.
En la búsqueda del modelo que mejor estructure el reparto del poder político sobre el territorio y el reconocimiento a la diversidad lingüística, social y cultural de los diferentes pueblos que conviven en España, las fuerzas de izquierda de ámbito estatal han oscilado entre fórmulas federales, tradicionalmente defendidas, por ejemplo, por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, ligadas a la apuesta por un estado republicano, y propuestas de corte confederal o plurinacional haciendo mayor énfasis en las singularidades de determinados territorios.
Sin embargo, es complicado establecer un único criterio de identidad para determinar el carácter nacional cuando nos enfrentamos a realidades diversas. Por ejemplo, si consideramos cómo se definen las autonomías según sus estatutos, Cataluña, Euskadi y Galicia son reconocidas como nacionalidades históricas, al igual que Andalucía, Aragón, Canarias o la Comunidad Valenciana.
Si tomamos la lengua como criterio, el catalán-valenciano, el aranés, el euskera y el gallego son lenguas cooficiales y como tal pueden utilizarse en el Congreso de los Diputados tal como ocurre en el Senado desde 2010. Sin embargo, existen otras lenguas vivas, como el asturleonés o el aragonés, que están reconocidas en sus respectivos estatutos de autonomía como lenguas protegidas pero sin carácter oficial y, por tanto, quedan al margen de ambas instituciones.
El debate sobre qué elementos pueden ser constitutivos o suficientes para ser considerado un sujeto propio dentro de un espacio plurinacional es complejo y nos llevaría largos y acalorados debates para, seguramente, no ponernos de acuerdo pero creo que debemos tener claro que la plurinacionalidad va más allá del plurilingüismo, y las izquierdas estatales deben ser rigurosas en su propuesta política para que ésta no termine traduciéndose en desigualdad política o territorial.
Sobre este concepto, la plurinacionalidad entendida únicamente como plurilingüismo o como comúnmente se suele decir: una nación, una lengua, las burguesías catalana y vasca intentaron durante la transición lograr su antigua aspiración de confederar el norte y federar el sur. Una idea insolidaria que rompimos desde Andalucía un 4 de diciembre de 1977, cuando casi dos millones de andaluces y andaluzas salieron a la calle para reclamar sus derechos como pueblo y el autogobierno para nuestra tierra. Aquel día Andalucía ganó en la calle el reconocimiento a su singularidad, y sin aquel día no se entiende el actual Estado de las autonomías.
La aritmética parlamentaria surgida de las últimas elecciones generales ha vuelto a poner en la mesa el modelo territorial como uno de los grandes temas de la legislatura. Frente a la propuesta recentralizadora, unitaria y excluyente de la derecha extrema y la extrema derecha, las izquierdas necesitan una propuesta plurinacional, pero también federal y solidaria, capaz de garantizar la cohesión social y territorial, la igualdad y las libertades democráticas desde lo público.
Como una de las gemas del guante infinito de Thanos, el debate territorial es un arma poderosa que, en manos equivocadas, puede ser devastadora. Puede servir para impulsar un nuevo modelo de país más justo y acorde a su gente o para cerrar, por la vía conservadora-autoritaria, la crisis de régimen abierta tras la crisis económica de 2008 y profundizada por el 15M. En cualquier caso, Andalucía debe estar presente en ese debate, sin pretender ser más que nadie, pero tampoco menos.