La plantilla de trabajadores y trabajadoras del servicio municipal de limpieza se ha movilizado hoy para denunciar una contratación irregular realizada por la empresa concesionaria del servicio -FCC- incumpliendo los acuerdos laborales vigentes y saltándose el orden de la bolsa de eventuales pactada entre empresa y comité.
El actual convenio laboral lleva menos de medio año de vigencia y se aprobó tras una huelga de seis días. En él se detalla el sistema de contratación que rige desde 1987 y en el que, en resumen, las contracciones se deciden al 50% entre empresa y comité en base a una lista de trabajadores y trabajadoras eventuales ordenada por orden de antigüedad, siendo esta antigüedad el criterio a seguir para pasar de eventual a fijo. Si la empresa, dentro de su legitimidad, quería proponer una nueva forma de realizar las contrataciones amparándose en su nuevo código ético, no tuvo más que hacer la propuesta durante la negociación del convenio. Pero no lo hizo, quedando el convenio actual aprobado con ese sistema de contratación.
Ante estos hechos, los trabajadores y trabajadoras se han topado con el silencio del nuevo equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, quienes se han puesto de perfil argumentando que no es su responsabilidad entrar en conflictos laborales. Una postura técnica bastante cómoda, la verdad, pero carente de sentido si realmente se quiere conseguir que el servicio de limpieza se preste en condiciones óptimas para ciudadanía y plantilla.
Gestionar el servicio de limpieza es una labor complicada, que en ocasiones monopoliza el día a día. Lo sé bastante bien. Como responsable durante un año de la Concejalía de Medio Ambiente he mediado en más de una ocasión ante cuestiones similares. La mayoría no fueron a más, otras se convirtieron en convocatorias de huelga que, afortunadamente para todos, plantilla, gobierno y ciudadanía, acabaron desconvocándose al llegar a acuerdos en la mesa de negociación tras muchas horas de reuniones a dos y tres bandas, y en algunas ocasiones con los máximos responsables de cada una de las partes.
La actitud del Partido Popular puede ser mucho menos agotadora -qué duda cabe- pero también es mucho más temeraria. Los problemas no desaparecen por sí solos y un concejal no puede ponerse de lado a las primeras de cambio y dejar hacer a la empresa concesionaria. No al menos si quiere evitar que cuestiones como esta, que se pueden resolver desde el diálogo, se acaben convirtiendo en una bola cada vez más grande que termine en un conflicto que arrastre a la ciudad y no beneficie a nadie.
Todavía es peor echarle gasolina al fuego. En este sentido, las declaraciones de Millán Alegre son de una irresponsabilidad enorme. El concejal encargado del servicio de limpieza de la ciudad no solo se lava las manos en un asunto que afecta a sus competencias, sino que ataca públicamente a la plantilla y los lanza a los leones de la opinión pública. Pero es más, no contento con eso, alardea con proponerle a la empresa una nueva forma de contratación al margen de cualquier acuerdo laboral entre las partes. Es decir, el Concejal de Medio Ambiente le está pidiendo a la empresa concesionaria que incumpla el convenio laboral vigente en uno de los servicios bajo su supervisión política. El objetivo está claro: enfrentar a pobres contra pobres para que sigan ganando los mismos.
Ya sabemos las estrechas relaciones que existen entre FCC y el Partido Popular, pero eso no puede ser motivo para que un gobierno se ponga de lado, haga dejación de funciones o facilite que se incumplan los acuerdos laborales, porque eso no beneficia en nada a la plantilla, ni a la ciudad ni al servicio que se presta. Solo sale ganando la empresa y sus amiguetes.